La última década del siglo XX se ha caracterizado por un tipo de escasez
completamente distinta a la de los dos decenios precedentes. Si entre 1970 y
1990 el mundo vivió pendiente de la insuficiencia y el alto precio de los
recursos naturales, en los dos últimos lustros es el nulo crecimiento de la
población y su progresivo envejecimiento lo que está planteando serias
incertidumbres en las sociedades occidentales. Las dificultades económicas
derivadas de largos periodos de crisis con alto nivel de paro, y el progresivo
acceso de la mujer al trabajo han llevado a un descenso preocupante de la tasa
de natalidad. Y, al mismo tiempo, los avances de la medicina han desembocado en
una mayor esperanza de vida al nacer, en una menor mortalidad infantil y en una
mayor longevidad real. La población europea se está deslizando aceleradamente
hacia un crecimiento cero. Mientras en algunos países nórdicos la tasa de
reposición poblacional es ya negativa, en otros, como España, la tasa de
natalidad se ha reducido a la mitad en menos de una década y se sitúa ya en el
0,7 por ciento y la composición familiar ha descendido desde 2,6 hijos por
familia, en los años sesenta, a 1,3 hijos a finales de los noventa.
Tres tipos de problemas, a cual más inquietante, habrán de ser abordados
sin demora por los políticos responsables: la inminente reducción de la
población total, el envejecimiento de los ciudadanos y la protección a la
institución familiar. La población española está estancada desde hace varios
años en torno a los 40 millones de habitantes y la previsión para el próximo
siglo, si no se producen cambios profundos, es que apenas sobrepase los 35
millones. No es un simple dato demográfico lo que puede cambiar: es todo un
universo de poderes políticos, sociales y económicos lo que está en juego. La
prolongación de la vida plantea por su parte incógnitas no menos preocupantes.
¿Cómo financiar a cada vez más pensionistas y durante más años con cada vez
menos jóvenes que acceden al trabajo y permanecen en él menor tiempo? Y, por
último, ¿es posible que los poderes públicos fomenten algún tipo de
política de natalidad en un mundo en el que cada vez es más difícil mantener
los tradicionales esquemas de valores del humanismo cristiano?
Pese a las recientes mejoras puestas en marcha por el Gobierno, España está
todavía a la cola de Europa en ayudas oficiales a la familia: un 0,9 por ciento
del PIB frente al 3,5 en Italia, 8,1 por ciento en Francia, 9,9 por ciento en el
Reino Unido y 5,3 por ciento en Irlanda. Sea cual sea la respuesta que los
políticos den a estos retos en un futuro inmediato, lo que parece urgente es
que definan un sistema de protección familiar más eficiente, que posibilite la
renovación generacional, ayude a las familias a soportar los costes de la
crianza y permita hacer compatible la vida laboral y familiar.